VUELVE A REGIR LA NUEVA LEY LABORAL

    La Cámara de Apelaciones del Trabajo restituyó la vigencia de la reforma laboral en la Argentina. La medida había sido suspendida temporalmente semanas atrás por un reclamo judicial de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La Sala VIII del tribunal le otorgó un efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado nacional. De este modo, los 82 artículos que estaban frenados vuelven a aplicarse de forma inmediata en todo el país

La decisión fue firmada por los camaristas María Dora González y Víctor Pesino, quienes revocaron la cautelar de primera instancia dictada por el juez Horacio Ojeda.

“La medida cautelar (presentada por la CGT) suspendió la vigencia de una gran cantidad de artículos de una ley del Congreso y esta circunstancia torna aplicable la norma antes aludida”, expresaron textualmente los magistrados en el fallo.

Jornadas de 12 horas y banco de horas

Entre las principales modificaciones operativas, la ley habilita la extensión de la jornada laboral diaria de ocho a 12 horas. El único requisito obligatorio es garantizar un descanso mínimo de 12 horas entre cada turno de trabajo.

También se implementa el denominado “banco de horas”. Este sistema permite a empleadores y empleados acordar de manera voluntaria la compensación de horas extras con francos o días de descanso.

Estos esquemas apuntan a flexibilizar la organización del tiempo en las empresas. Los acuerdos deberán quedar registrados formalmente y respetar los topes semanales estipulados por ley o convenios colectivos.

Indemnizaciones y Fondo de Cese

El cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa sufrirá reducciones concretas. A partir de ahora, la base remuneratoria no incluirá conceptos como el aguinaldo, las vacaciones o los premios.

En caso de litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación (IPC) más un plus del 3% anual. Las empresas grandes podrán cancelar sentencias en seis cuotas mensuales, mientras que las pymes tendrán hasta 12 cuotas.

En paralelo, entra en vigencia el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un patrimonio inembargable diseñado para financiar indemnizaciones. Se conformará con los siguientes esquemas:

Las grandes empresas aportarán de forma mensual el 1% de sus contribuciones patronales.

• Las pymes tendrán un aporte obligatorio equivalente al 2,5%.
• Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Límites a las huelgas y asambleas

La normativa fija nuevos porcentajes mínimos de funcionamiento frente a las huelgas gremiales. Se amplía el listado de actividades consideradas "esenciales", incluyendo educación, telecomunicaciones, comercio y aeronáutica.

Estos sectores esenciales deberán asegurar una cobertura mínima del 75% durante cualquier medida de fuerza. Por su parte, los servicios calificados como "trascendentales" deberán garantizar al menos un 50% de prestación.

Las fuerzas de seguridad quedan obligadas a prestar servicio con una cobertura del 100%.

En cuanto a las asambleas de trabajadores, los sindicatos sufrirán restricciones. Deberán contar con la autorización previa del empleador para llevarlas a cabo, detallando tanto el horario como la duración

Vacaciones y período de prueba

El esquema de vacaciones presenta flexibilizaciones respecto a su otorgamiento. Empleador y trabajador podrán acordar dividirlas en fracciones que no sean inferiores a siete días corridos.

Aunque se mantiene la franja oficial de octubre a abril, las partes pueden pactar el descanso por fuera de ese período. Si la empresa no otorga vacaciones simultáneas, debe asegurar que al trabajador le toque el verano al menos una vez cada tres años.

Finalmente, la reforma extiende el período de prueba a seis meses para la mayoría de los trabajadores. En empresas de hasta cinco empleados, este lapso probatorio podrá estirarse a ocho meses.

 

24 de marzo: ¿quiénes atacaron y atacan el derecho a huelga y el salario?

Las consecuencias del golpe continúan hasta hoy. La dictadura modificó de raíz la matriz económica del país. Para los aceiteros estos 50 años son especiales: comenza un juicio de lesa humanidad por la responsabilidad empresaria de Molinos Ríos de La Plata.

Vinieron por los salarios, vinieron a provocar una violenta transferencia de ingresos del bolsillo de los trabajadores al de los patrones, vinieron a cambiar la relación entre el capital y el trabajo y vinieron a modificar de raíz la matriz económica de un país industrial con la apertura indiscriminada de importaciones. Para poder hacer todo eso tuvieron que atacar a las y los trabajadores, que somos la mayoría de la población en la Argentina y en el mundo.

Porque quienes trabajamos, quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo para poder vivir (o sobrevivir) somos mayoría. Y por eso ilegalizaron la huelga, prohibieron las asambleas y convirtieron en blancos móviles a los sindicatos y a los cuerpos de delegados, que son las formas en la que los trabajadores nos organizamos. Todo eso pasó hace 50 años y sus consecuencias continúan hasta hoy.

Para nosotros, los aceiteros, este año es particularmente especial. No sólo porque se cumple medio siglo de ese ataque brutal contra quienes movemos la economía de un país, sino porque el 23 de abril comenzará el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, gerente de la planta de Avellaneda de Molinos Ríos de la Plata durante la dictadura cívico-militar. 

La lucha por el salario

Llegar a este juicio es el resultado de la lucha que dieron las y los familiares de los trabajadores aceiteros detenidos y desaparecidos. Todos ellos participaban de la lucha sindical para mejorar los salarios y las condiciones de vida del resto de sus compañeros de fábrica. Las familias junto a los sobrevivientes, a los organismos de derechos humanos, a la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón y al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires) lucharon para que se juzgue a los responsables. Llegar hasta acá fue el resultado de una lucha colectiva.

¿Pero qué representa Parodi en ese juicio? Representa el rol que cumplió el capital para poder aplicar todas sus políticas de reducción de salarios, extensión de la jornada laboral y precarización de las condiciones de trabajo. No solo aumentaron la ganancia de los patrones, también aumentaron los accidentes laborales que sufrimos las y los trabajadores.

Parodi era jefe de Personal de la planta de Avellaneda, en provincia de Buenos Aires, que en aquellos años tenía Bunge y Born. Está acusado de ser partícipe necesario del secuestro de tres obreros de esa planta: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino. Se los llevaron el 7 de julio de 1976, entre las cinco y las ocho de la mañana, cuando estaban ingresando o terminando su turno de trabajo. 

Esto es un gran avance para hacer justicia por los crímenes cometidos por la dictadura para hacer pasar su plan de ajuste, destrucción de salarios y reformateo de la economía en beneficio del capital financiero. Sin embargo, no podemos no hacernos eco de la consigna que hicieron bandera las Abuelas y las Madres: “Juicio y Castigo a Todos Los Culpables”. Por eso, desde la Federación y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires pedimos que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, que también fueron acusados de tener responsabilidad en el secuestro de los obreros.

Cincuenta años después de ese golpe de Estado y de esos crímenes volvemos a tener un gobierno, esta vez elegido en elecciones, que intenta aplicar una política económica similar. Otra vez vienen con la receta vieja de apertura de importaciones, de congelamiento de salarios, del negocio financiero por sobre la producción y con la transferencia del dinero del bolsillo de quienes trabajamos hacia los patrones. Y para consolidar ese modelo económico lograron que el Congreso aprobara una reforma laboral que retrocede un siglo en la relación entre el capital y el trabajo.

Esta reforma laboral -que limita las asambleas en los lugares de trabajo y prácticamente liquida el derecho a huelga- se monta sobre la que había hecho la dictadura, tan solo un mes después del golpe. Porque, junto a la represión, la Junta Militar recortó derechos que existían en la Ley de Contrato de Trabajo, que se había discutido en los sindicatos, en las asociaciones laborales y en el Congreso nacional y, finalmente, fue promulgada por el gobierno en 1974. 

Por eso, hoy vuelve a ser necesario -como lo fue siempre- que quienes trabajamos utilicemos la herramienta de la huelga para hacer valer nuestros derechos, para reclamar salarios dignos como lo establece la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé un salario mínimo vital y móvil que permita cubrir nueve necesidades para vivir dignamente: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Hoy ese salario representa 2.706.923 pesos y vamos a pelear por eso junto al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).

Esa es la decisión que tomamos cumpliendo lo que nos reclaman nuestros trabajadores, que necesitan tener un salario que les permita vivir con dignidad y eso significa: que puedan enviar a sus hijos a la universidad, que puedan irse de vacaciones, que puedan salir a comer a fuera con toda su familia, que puedan comprarse ropa donde quieran, que puedan tener un auto y también una casa. Y que, después de una vida de trabajo, puedan jubilarse y disfrutar de su jubilación.

POR: Daniel Yofra (Sindicato aceiteros)

UN CLÀSICO: PELIGRA EL INICIO DE CLASES

 

   La provincia de Buenos Aires enfrenta una etapa de incertidumbre por la posible postergación del inicio de clases, previsto originalmente para el lunes 2 de marzo. La razón principal es el rechazo de los principales gremios docentes a la última oferta salarial del gobierno provincial, que propuso un aumento del 3% para febrero. 

El gobierno bonaerense destina cerca de un tercio de su presupuesto total a educación, lo que representa 17 billones de pesos, según datos oficiales. El 90% de esos fondos se utiliza para el pago de salarios docentes, mientras que solo el 10% queda disponible para infraestructura y otros gastos.

De acuerdo con la gestión provincial, el salario inicial para un maestro con jornada simple rondaría los $760.000 mensuales, mientras que un docente con jornada completa podría llegar a 1,5 millones de pesos.