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lunes, 21 de julio de 2025

TRABAJADORES VIALES CELEBRAN EL FALLO JUDICIAL

 

   El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, que conduce Graciela Aleñá, ser refirió días pasados al fallo que emitió la Justicia Federal poniendo freno al Decreto 461/25, tanto por el cual se eliminaba a la Dirección Nacional de Vialidad junto con otros organismos vinculados a la seguridad en el transporte.

  Así, Aleñá sostuvo que la agenda sobre el rechazo al decreto en el Congreso Nacional debe continuar. “Tiene que ser rechazado por ambas cámaras y que no se atrevan más a venir a privatizar, hacer negocios y destruir las Rutas Nacionales, hoy desfinanciadas por el desvío del Impuesto a los Combustibles”.

La dirigente señaló que el fallo favorable, promovido por otro sindicato de la actividad, es una “noticia muy positiva”. En la misma línea, agregó: “Todas las acciones legales de distintas instituciones es lo que necesita el país. El nuestro sigue su curso legal, lo cual es muy bueno dentro de toda la coyuntura, ya que el objetivo es ponerle un freno a la destrucción que estaba planteando el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger y el Poder Ejecutivo Nacional”.

 Por otra parte, ratificó que la agenda política hoy está trasladada al Congreso Nacional y al rol de los gobernadores. “Este fallo es el freno judicial necesario, pero debemos continuar profundizando nuestra relación con los gobernadores, con los intendentes y con las fuerzas políticas para lograr los dictámenes y los rechazos de la Cámara de Diputados y Senadores”, expresó.

 “Lo que hizo la justicia nos hace ganar tiempo, frenar lo que nosotros planteamos en nuestra cautelar, que es la inconstitucionalidad de la medida, pero el tema no está resuelto de fondo, hay que seguir peleándola contra un gobierno sordo, autoritario que no escucha a nadie”, añadió la gremialista.

 Respecto a la medida judicial, Aleña se explayó: “Es un párate, es un logro de todos los trabajadores viales del país movilizados en las rutas”, pero ratificó de nuevo que “el objetivo es trabajar en la agenda parlamentaria para que se rechace el DNU, con la comisión bicameral y con los distintos proyectos”.

 Además, la dirigente sostuvo que el “Caso Vialidad Nacional” generó en el país “un movimiento enorme de debate, de solidaridad y de agenda política como nunca se vio”, ya que tocó cuestiones vinculadas a las economías regionales, a la siniestralidad vial, a la vida de los pueblos, al federalismo. En este sentido, afirmó que la agenda de trabajo es “hacer entender a cada argentino que Vialidad Nacional es de todo el país y no es un organismo más, que no sólo se pierden fuentes de trabajo si se cierra. Somos el eje rector de cualquier economía de un país, ya que más del 90 % de la producción se traslada por el modo Carretero”.

 Finalmente, Aleñá fue durísima con el gobierno: “No hay antecedentes mundiales de que un gobierno elimine un organismo estratégico estatal vial como lo hizo el gobierno de Milei. Esto es de un nivel, como venimos diciendo, demencial y cruel de esta gestión, y hoy se le puso un límite. Pero la lucha continúa”, concluyó.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, que conduce Graciela Aleñá, festejó hoy el fallo que emitió la Justicia Federal poniendo freno al Decreto 461/25, tanto por el cual se eliminaba a la Dirección Nacional de Vialidad junto con otros organismos vinculados a la seguridad en el transporte.



domingo, 22 de junio de 2025

MARCHAN CONTRA LAS POLITICAS DEL GOBIERNO NACIONAL

El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en donde manifestaron los motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el Ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

  Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12 horas en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788.

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como “criminal”. También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que “desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura”.

Más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno 

Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODYARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).

A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).



jueves, 22 de mayo de 2025

REGLAMENTAN EL DERECHO A HUELGA

 El Gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.



El primer rechazo desde el sindicalismo fue de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que encabeza Juan Carlos Schmid: hará el martes próximo un plenario de secretarios generales en la sede de la CGT para evaluar el conflicto, mientras crece la idea de realizar protestas.

El titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, manifestó “el repudio y el rechazo” al decreto porque “viola la autonomía sindical y el derecho de huelga protegido por la Constitución Nacional y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Por su parte, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), sostuvo que “el Gobierno recurre a metodologías antidemocráticas y antijurídicas” con el decreto 340 y también cuestionó otro decreto, el 341, mediante el cual el Poder Ejecutivo “se excluye de la paritaria nacional docente y se reserva el derecho de vetar lo que eventualmente se acuerde” en materia salarial.

En la misma línea, el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que “la modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal” y advirtió que “este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones”.

El decreto 340, en realidad, está vinculado con el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional y su artículo 2 declara como “servicio esencial a la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”.

Sin embargo, en su artículo 3 modifica la Ley de Reforma Laboral N° 25.877 y allí establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.

Een el caso de los servicios esenciales, afirma el decreto, “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Y agrega que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

 

A continuación se consideran como servicios esenciales las siguientes actividades:

a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;

c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y

g. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

 

Se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:

a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

c. Los servicios de radio y televisión;

d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;

g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y

h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.